Según la página web de la EPA, el  objetivo de este plan es identificar y regularizar a todos los usuarios que hacen uso del recurso hídrico en el sistema de riego. 

El proceso forma parte de un acuerdo entre esa entidad y la empresa Aguas de Valencia S.A. En el proceso intervienen catorce técnicos que desarrollarán este trabajo en tres meses, según la empresa pública. 

El uso. En Santa Ana hay preocupación entre los agricultores por la aplicación de la Ley del Agua que se trasluce en el cobro por la utilización del agua cruda para cultivos.

Gonzalo Mieles, agricultor y ganadero, sugiere que el Gobierno en lugar de cobrar el agua para riego, debe recuperar ese dinero que se llevaron los políticos en los últimos años. 

Ángel Moreira, quien se dedica a la actividad agrícola desde su infancia, considera que es una decisión equivocada y ahonda el criterio de que a los gobernantes de turno les importa casi nada al sector campesino. “Nos llevarán a la quiebra, a dejar nuestras tierras y por consiguiente a aumentar los problemas en las ciudades. Eso no queremos para nuestros hijos y nietos”, comenta.

Lorenzo García dice que ellos están en contra del cobro y con la medida van a provocar que los campesinos se dediquen a otras actividades. “Con doce dólares que recibimos por el quintal de maíz no sacamos ni para pagar un trabajador diario (le cobran $ 13) y todavía nos quieren sacar más plata”, reclama el agricultor. 

“Llegará el momento en que no sabré qué hacer; me alcanza es para pagar mis deudas”, se lamenta García, quien asegura que para cultivar esas hectáreas invierte cerca de 15 mil dólares.

La respuesta. Mario Jarrín, gerente comercial nacional de EPA, asevera que está en curso un avalúo de los tipos de cultivos y cantidad de tierra que usan este recurso.

Esa información, que se recabará en tres o cuatro meses, será entregada a las Juntas de Riego, para posteriormente firmar un contrato con las personas que usan ese recurso, que para el funcionario en varias partes del país es mal utilizado.