Considerada según las autoridades como la "mina de oro más grande de Latinoamérica", con un perímetro de 433,7 kilómetros, desde finales de 2017 la mina ha motivado el desplazamiento de miles de personas de diversas nacionalidades a la región, donde ha proliferado la extracción ilegal del metal precioso.

Más de 4.000 agentes policiales y militares participan en la operación que se desarrolla desde el pasado martes y que, según explicó a Efe un responsable policial, hasta la fecha se ha saldado con 3.500 desalojados -en su mayoría venezolanos y colombianos-, una veintena de detenidos y dos cuerpos localizados en estado de descomposición.

"Se conjugan situaciones de trata de personas, prostitución, tráfico de drogas y muchísimos elementos que conducen al delito", expresó a Efe el coronel Gary Arellano, jefe policial de la Unidad de Contingencia Fronteriza en la vecina provincia de Carchi, que fue desplazado hasta Imbabura por la emergencia.

Lo hizo en el puesto de control de San Jerónimo, el primer gran retén policial y el principal punto de acceso a Buenos Aires y el propio yacimiento.

El responsable de la Policía ecuatoriana confirmó que la existencia de organizaciones delictivas internas y transnacionales, que se han hecho fuertes en el complejo minero, ha conducido a que un equipo especial de inteligencia, servicios forenses y de criminalística se destaquen en la zona.

El Gobierno ecuatoriano decretó el lunes el estado de excepción en la región a fin de que sus fuerzas puedan llevar a cabo el operativo durante al menos los 60 días en los que regirá la medida, además de impedir que los evacuados regresen al lugar.

Conforme a los datos de la Policía y habitantes del lugar, entre 8.000 y 10.000 personas se habían asentado en diferentes puntos de la explotación, donde se estableció una auténtica "ciudad de plástico" hecha con casetas de ese material "incluso mayor que la propia Buenos Aires".

Familias enteras embarcaban hoy varios autobuses de la Policía ecuatoriana en el puesto de control de San Jerónimo, a unos 40 kilómetros de Buenos Aires, para ser trasladados hasta la ciudad de Ibarra.

Buena parte de los desalojados eran "gente muy necesitada que estaban en ese sector brindado trabajo y servicios, familias completas, niños y personas de la tercera edad de diferentes nacionalidades", subrayó Arrellano.

El coronel precisó que en Ibarra se ha establecido un Comité de Emergencias para atender a los evacuados en situación de vulnerabilidad social.

Situada a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, en una montaña de difícil acceso a la que conduce un sinuoso camino de tierra, la parroquia de La Merced de Buenos Aires, de 75 años de existencia, pasó en apenas dos años de 1.800 residentes a más de 10.000.

Alexandra Henríquez, oriunda de esta pequeña localidad en la que el atardecer es generalmente acompañado por una intensa neblina, refirió a Efe que "antes de la fiebre del oro, nuestro pueblito era muy tranquilo, todos nos conocíamos, era solidario y acogedor".

Y aunque reconoce que la minería "ayudó bastante al crecimiento económico", al mismo tiempo originó "mucha inseguridad e incertidumbre".

Pero desde esta semana, la parroquia es una ciudad tomada literalmente por las fuerzas de seguridad de la Policía y Fuerzas Armadas ecuatorianas que son visibles en cada esquina y que han establecido una suerte de destacamento en el colegio Buenos Aires, salpicado por casas patrimoniales de madera pintada de colores.

Sacos terrenos dispuestos en la carretera que conduce a la denominada "visera" y luego a la parte alta de la mina, donde aún quedan personas sin desalojar, dan cuenta del estado excepcional que vive la población.

Clima Curazo Rodríguez, un colombiano del departamento fronterizo de Nariño y solicitante de refugio en Ecuador, llevaba trabajando unos años en la mina, gracias a lo cual podía enviar dinero a sus hijas.

"El trabajo es muy duro, en la mina se trabaja con pico y pala doce horas, de seis a seis", comenta sobre la ardua labor que realizaba de manera ilegal pero que le reportaba en el mejor de los meses hasta 1.500 dólares.

También llegó a establecer un comedor que daba unos 60 almuerzos a los peones, pero hoy todo "el trabajo está perdido", lamenta este colombiano, y sentencia que "Buenos Aires ha quedado destruido con el operativo".

Gabriel Bolaños, vecino del pueblo, trabaja en un almacén que antaño vendía pertrechos agrícolas y, en los últimos años, ferreteros como picos, palas y plásticos.

"El boom del oro cambió el negocio de la agricultura a la ferretería", comenta antes de indicar que el hecho de que la población se quintuplicara supuso un shock cultural, además de "mucha inseguridad, prostitución, alcoholismo y drogadicción". EFE