En otras palabras, no es un modelo de gestión, como me sugirió alguno, que mira por los demás porque  “desde arriba se ve el todo”. No. Para nada. Es un modelo de administrar un país que tiene el gravísimo defecto de absorber para el centro todo el poder de decisión, que no permite que las iniciativas fluyan, que se aísla de los problemas de cada región  y que somete a las provincias a sus dictados. Es decir que el modelo, por ser concentrador, excluye la satisfacción de  las necesidades de las provincias sea  porque no las comprenden y crean que son unas  y no otras o sencillamente por desconocimiento.  

Pero, ¿cuál es la consecuencia?  Que las prioridades de inversión o de creación servicios se llevan a cabo de acuerdo a lo que cree el centralismo. Y esto es lo que nos perjudica. 

Por este modelo entonces que está vigente en el Ecuador desde nuestra independencia, el desarrollo económico del país es desigual, desequilibrado porque la concentración del poder, el centralismo, conlleva la arbitraria distribución de los ingresos nacionales. Y allí radica una de las muchas injusticias. Y Manabí lo sufre. 

Es que las provincias necesitan que se invierta en educación, infraestructura, salud, para decir tres cosas, pero la que se requiere no la que dice el centralismo desde las alturas, porque si no se la realiza, el progreso nos llega a cuenta gotas. Existen cientos de ejemplos.  Parece imperdonable, por citar algo, que no se haya reconstruido inmediatamente después del terremoto el aeropuerto de Manta, el único que se dispone en la provincia, o que remodelar un hospital en Portoviejo haya tomado más de seis años.

Por estas razones y muchísimas otras, todos, en algún momento, hemos sido mudos y con frecuencia dolidos testigos del peregrinar incesante de nuestros alcaldes en busca de recursos para cumplir sus obligaciones con sus electores, recursos que no deberían rogarse sino reclamarse. Pero el sistema está concebido desgraciadamente para que el poder centralista se ejerza discrecionalmente e incube de esta manera un sistema clientelar de distribución de recursos.  

Ante esta realidad que día a día se vive y se padece, se  vuelven a escuchar voces de personas intelectualmente muy formadas, que piden otro modelo para administrar el Estado, más libre, más independiente como para que cada ciudad, cada provincia decida su destino.  Creo que hay que pensarlo.