Leía un artículo en el New York Times “To take down the big tech, they first need to reinvent the law” (debo admitir que no me gustó el título del artículo) donde se menciona el desafío que tienen actualmente las empresas tecnológicas estadounidenses frente a quienes a quienes diseñan, arman y definen las políticas de estado -no sólo el ejecutivo sino el legislativo también-. Mucho se habla del gran autócrata del planeta, Google, que maneja el 92% del mercado global de búsqueda en internet, también de Amazon, que maneja el 38% del e-commerce en Estados Unidos; y Facebook, que maneja el 70% del mercado global de redes sociales. Sus mercados trascienden soberanías y por ende, han podido sortear los controles nacionales que históricamente impactaron a compañías como la Standard Oil en el pasado. Cuando hay cambios, el ser humano busca automáticamente el control. En 1890 empezó la legislación antimonopolio con un discurso anti ambición y anti acumulación de riqueza. La parte cosmética de este tipo de normativa siempre se escuda en que defiende los intereses de quienes menos tienen, la gran debilidad es que no siempre defiende la productividad.  Aún así, el mercado ha ido cediendo y aumentando en este tipo de políticas según las necesidades reales de la población y la necesidad de manipular intereses en función de la coyuntura. Cuando hay cambios tecnológicos en la forma de producir y por ende, de vivir, la regulación es el siguiente paso. Es un precedente ya establecido.

La ficción acompaña la realidad, por ejemplo, en La Rebelión del Atlas, de la autora Ayn Rand, se narra cómo toda una  generación de gente productiva, creativa y enérgica para trabajar es perseguida por un aparato estatal que engorda a punta de subsidios y legislación contraproducente que termina dejando a su población en la pobreza y el desempleo.

En Ecuador tenemos un millar de normas, reglamentos y prácticas nocivas a la producción. Aquí el estado muchas veces se encarga de que las empresas quiebren o subsistan a pesar de todas las trabas existentes. No tiene sentido que el Estado exista para disminuir el progreso de sus habitantes so pretexto de una protección a partes vulnerables de la población. Además, ¿existe de verdad esa parte de la población protegida? o ¿será que existe solo en el imaginario de quien quiere inclinar la balanza hacia otro lado de los intereses?  Si los negocios prosperan, también lo harán las fuentes de plazas de trabajo y esa debería ser la lógica. 

Llevamos años hablando sobre competitividad; en este país es caro producir y es difícil emprender. ¿Para qué insistir en ideas contraproducentes de control que nos empobrecen? Los controles de precios, barreras (arancelarias o normativas) requisitos institucionales absurdos y sanciones erráticas deben ser, por lo menos, revisados sino eliminados.