“La hemos pasado muy duro, al punto de que mi niña de un año perdió un riñón a los tres meses de nacida por dormir en el suelo. Eso me obliga a mí, como padre, a darle un techo donde dormir. En el día sí debemos tener a nuestras hijas en las calles, pues no tenemos dónde dejarlas”, dijo Marcelo.

El abogado Marcial Alcívar, basándose en la Constitución y en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, explicó que los derechos humanos de estos niños migrantes están siendo complemente violentados.

“Los artículos 11 y 14 del Código Orgánico, los art. 44 y 45 de la Constitución establecen que los derechos de los niños y adolescentes prevalecen sobre los demás derechos de las demás personas. Esto significa que el Estado a través de sus organismos deben velar por sus derechos, sin importar la nacionalidad”, indicó.

El jurista detalló que si una persona, y en el caso de mayor gravedad, que un padre vulnere los derechos de los niños, debe ser sancionado. “La sanción implica que se les retire o prive de la patria potestad de los pequeños, para que ese niño pueda tener la protección que la Constitución y leyes  plantean”, señaló Alcívar.

Él indicó también que ahora la Junta de Protección de Derechos de los gobiernos autónomos tiene facultad para actuar, inclusive cuando el riesgo es grave e inminente, “más aún si la afectación es pública y notoria, ya que el art. 27 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que los hechos públicos no merecen ser probados, por lo que el Estado puede actuar  de oficio”.

Eduardo García, ciudadano portovejense, consideró que en este caso las leyes deberían aplicarse de la misma forma como se lo hace con las familias ecuatorianas, a quienes se les prohíbe el trabajo infantil o la exposición de sus hijos a los peligros que hay en la calle.

 

Municipio. La concejala y presidenta de la Comisión de Igualdad y de Género de Portoviejo, María José Fernández, mencionó que ya se presentó la ordenanza que regula la Protección, Tutela y Promoción de los Derechos de las Personas en Condición de Movilidad Humana, y que se prevé sea aprobada a finales de octubre. “Esto permitirá el reconocimiento en la tutela y protección de derechos(...), para que cada una de la instituciones del Estados podamos asumir las obligaciones que nos dice la Constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana”, señaló. 

Guido Mosquera, coordinador zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), mencionó que en Manabí, Manta es la ciudad donde se concentra el mayor problema de movilidad humana. Dijo que trabajan en alianza con  la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), misma que está concluyendo la fase de levantamiento y diagnóstico de lo que está sucediendo. “En el caso de Portoviejo, hemos identificado que hay familias que prestan a sus hijos a otros migrantes para pedir dinero, por lo que ahí hay una vulneración de derechos”, dijo.