La decisión de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de la que Quito es capital, significó poner en libertad al informático, amigo personal del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tras entender que se habían vulnerado sus derechos en su detención y posterior encarcelamiento, que se alargó 71 días.

Bini fue detenido el 11 de abril, el mismo día en que el Estado ecuatoriano puso fin al asilo de Assange en la Embajada del país andino en Londres, acusado de participar en una supuesta red de espionaje digital.

Debido a que prosigue la instrucción fiscal, las pruebas siguen por el momento bajo secreto de sumario, y de los datos conocidos solo trasluce una circunstancialidad en su relación con Assange, a quien visitó en 14 ocasiones.

Según el experto legal Pablo Encalada, esta decisión de la Corte Provincial es "sana, saludable" para la democracia y el sistema judicial ecuatoriano, que ya se ha enfrentado a sentencias de tribunales internacionales por vulneraciones de derechos hacia las personas privadas de libertad.

"La Fiscalía ha sido bastante abusiva en sus acciones, y esto es porque no tenía ningún tipo de control judicial detrás, por lo que el hecho de que hoy la justicia diga que se actuó de manera arbitraria es bastante saludable, sirve para que vaya corrigiendo sus prácticas", explicó a Efe el experto.

Encalada también tachó de "preocupante" el hecho de que la Justicia ecuatoriana haya quedado en evidencia y lamentó que el sistema judicial tenga "muy poca credibilidad" a nivel internacional.

Y apuntó a un supuesto "control político" al que es sometido el Poder Judicial como una de las principales razones por las que existe ese desprestigio.

La ministra del Interior, María Paula Romo, adujo recientemente que cuando se retiró el asilo a Assange se previó la posibilidad de ataques a sistemas informáticos públicos y privados "como retaliación a la decisión soberana del Ecuador".

Ello llevó a "revisar los potenciales aliados de Assange en Ecuador" y descubrieron que uno de sus "más asiduos visitantes" en la Embajada en Londres era Bini, que reside en el país desde hace seis años.

También indicó que sería la Justicia la encargada de probar cualquier sospecha.

El Ministerio del Interior rechazó este viernes dar alguna valoración sobre la decisión de la Corte Provincial porque ya es "un tema eminentemente judicial", puntualizaron fuentes de la institución consultadas por Efe.

Ante la actuación de las autoridades ecuatorianas en este caso, uno de los abogados de Bini, Carlos Soria, aseguró el jueves que serán ellas las que "tendrán que pagar" en las cortes internacionales por "el perjuicio que se ocasionó en este caso".

Sobre ello, Encalada admitió que es viable, aunque opinó que es un proceso "demasiado largo" y Bini todavía tiene que concentrarse en defenderse porque el proceso contra él sigue abierto. La fase de instrucción se espera que concluya en 20 días.

"El Estado ecuatoriano ya ha sido sancionado en numerosas ocasiones por vulneraciones en el sistema de justicia, así que esta sería una raya más en el expediente", concluyó.

El pasado 7 de mayo, un Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria ya advirtió a Ecuador de posibles irregularidades en la detención del informático y solicitó al Estado ecuatoriano que proporcionara información sobre el caso.

El escrito fue remitido al representante ecuatoriano ante la Oficina de la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra, y en él, el grupo de relatores llamaba a aclarar las causas que llevaron a la detención del sueco así como las medidas adoptadas por el Gobierno para "identificar y remediar cualquier violación" de sus derechos humanos.

También solicitaron que el escrito fuera enviado al ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, José Valencia, con la advertencia de que de lo contrario expresarían públicamente sus "preocupaciones. EFE