Priza es una obra estatal que la maneja la Corporación Nacional de Electricidad, Cnel, y que comprende la regeneración  de 9 manzanas del centro de Portoviejo. Debió estar culminada en diciembre del 2018,  pero 6 meses después tiene el 60 por ciento de avance, según la fiscalización.

Colombo Arteaga, empresario de la ciudad, dijo que se debe terminar el contrato con la empresa a cargo de la obra, debido al daño que les generan a los comerciantes y ciudadanos en general.

El alcalde Agustín Casanova, luego de un recorrido por las calles afectadas este miércoles, mostró su indignación y anunció que pedirá directamente el presidente Lenín Moreno que ordene terminar el contrato con el Consorcio Zona Cero que ejecuta la obra por 9,6 millones de dólares.

“Si quieren verle la cara de tonto a Portoviejo, no lo voy a permitir. Ya la tolerancia de Portoviejo terminó”, dijo el funcionario durante el recorrido en el que también estuvieron el gobernador, Xavier Santos; el gerente del proyecto, Diego Orbe y comerciantes

afectados por los trabajos.

Casanova recordó que a la contratista se le venció la tercera prórroga de plazo concedida, y ha solicitado una nueva ampliación, esta vez  de 241 días, lo cual afecta la reactivación socioeconómica del centro, golpeado también por el terremoto del 2016, señaló.

 

Vía legal. El ingeniero civil y abogado Roosevelt Cedeño señaló que su recomendación  es rescindir de manera unilateral.

Dijo que además de toda la falta de solvencia técnica y económica que muestra la compañía, está cerca de que se cumplan los motivos legales para terminar un contrato de esta magnitud. 

Esto sería que la compañía constructora reciba multas por el 5 por ciento del monto del contrato, es decir, 480 mil dólares, lo cual, según la fiscalización, ya están muy cerca de suceder (470 mil dólares).

Además, que no se cumplan los plazos. La compañía ha solicitado tres prórrogas. El último plazo aprobado por la fiscalización, por 47 días, se cumplen el 4 de agosto. 

Si no lo cumple, entonces se podría rescindir, explicó.

El experto alertó que esto debe ser un trabajo muy prolijo, pues recordó que la constructora también tiene la posibilidad de defenderse legalmente y argumentar, por ejemplo, que los estudios que recibió tenían muchas fallas o que en el proceso se encontraron con problemas técnicos.

En todo caso, dijo que el primer paso es realizar la liquidación técnica para saber cuánto avanzó la compañía.

Luego se notifica al contratista y le dan 10 días de plazo para que conteste. También se deben cobrar las pólizas de garantía, es decir, la aseguradora debe devolver el dinero que el contratista recibió y que no gastó  hasta el cierre de sus trabajos.

Mencionó que mientras dura ese proceso administrativo, la Cnel puede iniciar los pasos para contratar otra compañía y así no se afecta la ciudad con más retrasos. Calcula que en un mes ya puede estar operando una nueva empresa.

Asimismo, dijo, se debe notificar al Servicio de Contratación de Obras, Secob, para que incluya allí al consorcio como contratista o proveedor incumplido y no pueda contratar durante cinco años.

En el Municipio se informó que el departamento jurídico también arma un plan legal, pero aún lo mantienen en reserva.