El pasado 17 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, el colectivo "Nueva Coccinelle" y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron una denuncia a la Fiscalía por violación sistemática de sus derechos ocurrida en el pasado.

En ese marco, señaló hoy la Fiscalía en un comunicado, el pasado 3 de junio dio paso a la investigación del caso a través de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos (DCVDH) del Ministerio Público.

Sin embargo, aclaró que la aceptación a trámite del caso no implica una imputación anticipada del delito o el juzgamiento de las eventuales responsabilidades.

"La admisibilidad del trámite (...) de ninguna manera constituye una imputación o un prejuzgamiento de los hechos denunciados", reiteró la Fiscalía al precisar que será el investigador de la causa el que "determinará y verificará" si existen indicios de responsabilidad.

"Coccinelle" denunció "graves violaciones" a los derechos humanos de integrantes de ese colectivo LGBT quienes, según afirmó, fueron víctimas de represión policial durante décadas.

Algunas personas de ese colectivo "fueron torturadas, fueron privadas de su libertad de manera arbitraria, sufrieron violencia sexual dentro de un ataque generalizado y sistemático", precisó recientemente el Inredh.

Según datos de la Asociación Silueta X, miembro de la Federación Ecuatoriana LGBT, en lo que va de año se han registrado tres muertes violentas de personas transexuales.

Esta comunidad ha denunciado ser víctima constante de discriminación y violencia, pese a que el colectivo ha ganado presencia social y política en los últimos años.

Sobre todo a raíz de que el Tribunal Constitucional decidiera hace un par de semanas abrir el camino a la legalización del matrimonio homosexual, en una sentencia que ha generado una gran convulsión en Ecuador.

En 1997 el Tribunal Constitucional de entonces declaró como inconstitucional y dispuso la suspensión de los efectos de un artículo del Código Penal que sancionaba con cárcel de 4 a 8 años las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. EFE