Se ha venido insistiendo en ello porque hasta ahora quienes presidieron el comité han sido funcionarios de alto nivel, como vicepresidentes de la República y secretarios de Estado, todos ellos de Quito y Guayaquil; y desde las centralizadas esferas del poder político no se alcanza a percibir con claridad la realidad de miles de personas que, tres años más tarde, todavía sufren las consecuencias de un trágico fenómeno natural que cambió para siempre las vidas de miles de ecuatorianos.

El comité debe ser un organismo técnico, no político, por la naturaleza de sus tareas.

A pesar del tiempo transcurrido, todavía hay mucho por solucionar, no solamente en el ámbito de las infraestructuras, sino también en lo humano y lo social. Por ejemplo, hay más de tres mil viviendas que no se terminaron; todavía hay personas que viven en carpas, y aún hay quienes esperan apoyo estatal para recuperarse económicamente y volver a producir.

En manos de estas funcionarias, que como manabitas también sufrieron las consecuencias del desastre, está el desafío de hacer que la reactivación y la reconstrucción sean efectivas, pues hasta ahora el Gobierno ha quedado debiéndole a Manabí en estos ámbitos. Hay que esperar a que presenten sus planes concretos para conocer hacia dónde se avanzará.