Han pasado 38 meses desde el terremoto y todavía hay casas sin concluir, debido a que la reconstrucción se contrató sin tomar en cuenta pasos elementales como la convocatoria a un concurso y la exigencia de garantías. Después, cuando muchos contratistas abandonaron las obras, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) apenas ofreció soluciones no satisfactorias.

Más fácil hubiera sido que se cumplieran todos los pasos legales, pero se cometieron errores que están bajo la lupa de la Contraloría y la Fiscalía.

Mientras el Miduvi lleva adelante todo un proceso administrativo y jurídico para sancionar a los contratistas que dejaron sin terminar 3.462 casas en Manabí, las familias afectadas deben seguir pagando alquiler o viviendo en casas de familiares o, en algunos casos, en carpas.

Se anuncia todo un proceso legal, que incluye juicios coactivos, pero eso podría demandar mucho tiempo. Si no se le da agilidad, no se avizora una solución pronta al problema de esas más de tres mil familias que, encima de que perdieron sus casas por el terremoto, se ven obligadas a seguir en calidad de afectadas, ahora, por la burocracia.