El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, anunció los principales ejes que articularán la nueva política minera -un cuerpo legal que actualiza a otro en vigor desde el año 2016- y que garantiza la planificación del sector hasta el 2030. 

“Se incluyen parámetros más claros en cuanto a responsabilidad ambiental e inclusión comunitaria y social”, manifestó el vicepresidente tras subrayar que también estipula un “control estricto de la minería ilegal”. 

Sonnenholzner acotó que Ecuador desconoce los beneficios de la minería a gran escala, pero remarcó que a finales de este año se producirán las primeras exportaciones en este ámbito. 

Organizaciones ecologistas y movimientos indígenas han rechazado la expansión de las actividades mineras en el país.