Ese mismo camino deberían tener todas la empresas públicas que no son estratégicas para el país.

No cabe duda que antes la refinería fue un bien estratégico, pero la disponibilidad de combustible en el mercado internacional y la eliminación de los subsidios a las gasolinas terminaron con ese estatus.

Con su concesión a la empresa privada, se pondrá fin, también, a problemas como las presuntas irregularidades en los procesos de contratación de obras, denunciadas por los organismos de control.

Ese mismo camino deberían tener, por ejemplo, instituciones que manejan la telefonía, las que confeccionan uniformes para los militares y la banca pública de tipo comercial. Es más, varias de ellas deberían ser vendidas al sector privado, y con ello se capitalizaría el Estado, al tiempo que se las volvería más eficientes.

No es recomendable que el Estado siga inflado con empresas improductivas o que compitan con las privadas. El aparato estatal solamente debería quedarse con las que aún son estratégicas.

Desde luego, en cualquiera de los dos procesos, sea de venta o de concesión, se deberán aplicar procesos para controlar que la entrega de las empresas se haga en forma transparente y lo más conveniente que sea posible para el Estado, con precios justos y en condiciones ventajosas.

Concesionar o vender no significa, como suele decirse, entregarlas a precio de gallina con peste.