Ha llamado a los inversionistas nacionales y de fuera del país a que “no lo piensen más” y que instalen sus negocios en Ecuador.

El llamado es oportuno y, de concretarse, ayudará a salvar la crisis que atraviesa el país. Una mayor inversión implicará la apertura de nuevas fuentes de trabajo y, por efecto, la dinamización de la economía.

Pero es necesario que el mismo Gobierno modifique las condiciones legales para invertir. El marco jurídico es demasiado rígido y, para motivar el interés de los empresarios, se requiere flexibilidad.

Desde las condiciones para instalar un negocio son difíciles. El emprendedor o empresario debe cumplir una serie de requisitos que, a su vez, demandan trámites que no siempre son ágiles. A esto se suman los impuestos, gravámenes y permisos que se tiene que pagar para operar sin problemas.

La ley ecuatoriana no facilita algunas modalidades de contratación, establece reglas inflexibles en la relación de trabajo e impone condiciones difíciles para terminar la relación laboral.

La condición jurídica ha hecho que, en ciertas áreas como la pesca, empresarios ecuatorianos hayan decidido invertir en países vecinos.

Si el Gobierno quiere atraer a la inversión, debe empezar por los cambios; de lo contrario, de muy poco valdrán los esfuerzos.