Se han registrado varios casos de personas que, al verse amenazadas por otros individuos, incluso dentro de sus propiedades, reaccionan y contraatacan. El agresor, entonces, se considera agredido y demanda a quien de otra manera pudo haber sido su víctima.

También, hay agentes del orden que, en ejercicio de su trabajo, recurren a la fuerza para vencer la resistencia de personas que se oponen al arresto o llegan a amenazar a la integridad de los uniformados.

Aunque pudiera parecer anecdótico, las leyes establecen sanciones en ambos casos pues, amparados en recursos jurídicos, los contraventores pasan a ser víctimas y quien se defiende o hace lo necesario para que prevalezcan las leyes es llamado a responder ante la justicia. Lo primero que hacen los jueces es ordenar la prisión preventiva e iniciar un proceso judicial que puede tardar años. Mientras, el acusado debe estar en la cárcel o con restricciones de movilidad, lo cual se constituye en una violación de sus derechos.

Allí podría aplicarse el popular dicho de que “los pájaros disparan a las escopetas”.

Es cierto que se debe garantizar los derechos de todos los individuos, pero la ley no puede ponerse en contra de quien se defiende. Con esto no se busca que haya impunidad, sino que exista un adecuado sistema de investigación antes de aplicar la justicia contra personas que, de no reaccionar, pudieran resultar víctimas de la delincuencia.