Así lo dio a conocer la consejera ministerial Karina Barrera, quien precisó que el nuevo ordenamiento propuesto busca "generar seguridad jurídica, garantizar la protección ambiental y evitar la aparición de santuarios para el plástico".

La ordenanza ambiental se propone reglamentar la fabricación, comercialización, distribución y entrega de productos de un solo uso, con el fin de disminuir su consumo y desarrollar la economía circular, un sistema de aprovechamiento de recursos donde prevalece la reducción, reutilización y reciclaje de elementos.

Los productos que están bajo la lupa son las bolsas plásticas oxibiodegradables, tarrinas, tapas para vasos y tazas, vajilla y cubiertos plásticos, además de removedores y mezcladores, sorbetes y recipientes plásticos para el transporte de alimentos y envases elaborados con espuma flex y de poliestireno expandido (EPS).

La reglamentación, que aún no se ha indicado cuándo entrará en vigor, estipula que el uso de sorbetes plásticos tendrán un margen de seis meses desde la expedición de la ordenanza, a partir de los cuales quedará prohibida su fabricación, comercialización, distribución y entrega.

Respecto a los productos hechos de espuma, los fabricantes dispondrán de hasta 36 meses para producir y comercializar cualquier presentación de este producto (tarrinas, tapas, vasos, tazas, removedores) con la excepción de recipientes para cárnicos.

Las bolsas plásticas tendrán una prohibición de seis meses, para aquellas que contengan menos de 35 por ciento de material biodegradable, un año las que tengan entre el 36 y el 50 por ciento de composición biodegradable, 21 meses hasta el 70 por ciento, y 24 meses a partir del 71 por ciento.

De momento se salvan aquellos envases que tengan contacto directo con bebidas y alimentos industrializados, artículos de limpieza e higiene personal.

Y las sanciones propuestas van desde una multa económica leve de entre una a diez remuneraciones básicas (394 dólares) por un primer incumplimiento, hasta una grave y el cierre temporal del local que incluirá el pago de once a veinte remuneraciones básicas.

En caso de reincidir se procederá a una multa económica de 21 a 30 salarios básicos y la clausura definitiva del local.

En el encuentro bajo la nomenclatura de "Construcción de políticas y estrategias nacionales para la protección y conservación de nuestros recursos naturales", Barrera manifestó que el nuevo modelo de gestión de la Cartera del Ambiente va a suponer "un cambio para nuestro país".

Avanzó que el Ministerio, bajo la dirección de su titular, Marcelo Mata, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, ha definido cuatro líneas de acción para los próximos años: transparencia y eficiencia, política ambiental y articulación legal, conservación y restauración.

Mata manifestó que está previsto que el presidente, Lenín Moreno, firme próximamente un reglamento al Código Orgánico Ambiental, ya rubricado por los ministerios de Finanzas, Agricultura y Ambiente.

Según él, el código al reglamento orgánico posibilitará "la consolidación de bases fundamentales para alcanzar los principales objetivos de nuestro país, garantizar, fomentar y posicionar los derechos de la naturaleza como un principio de gestión que nos permita que el desarrollo sostenible sea una realidad".

Mata subrayó que los reglamentos que propugna su Cartera se caracterizan por tener "una visión humanista y ambientalista".

En paralelo, resaltó que se firmará un memorando de entendimiento para que las autoridades locales "se sumen a este compromiso con la naturaleza, con la vida y lo más importante que tenemos, nuestra ciudadanía". EFE