Quien gobierna con el ejemplo del ahorro, la austeridad, la revisión de la calidad del gasto, la transparencia de sus actuaciones y el combate sin distingos de la corrupción, cualquiera sea la fuente de donde se originó, sin perjuicio de la intervención de la Fiscalía y de los demás órganos de control, en el juzgamiento, sanción y recuperación de los recursos públicos, libera u obtiene recursos que contribuyen a la obtención de un punto de equilibrio financiero; mucho más cuando en el caso de Ecuador, la pesada carga de la deuda superó el 40% del PIB y el Rol de sueldos y salarios del sector público, para el 2018, superó la asignación de 9.500 millones de dólares, en relación al presupuesto por 34.853 millones de dólares para ese mismo año.

Cada país tiene sus propias connotaciones en su sistema económico y de ahí debe partir el gobierno que asume el mando: tener como premisa que “los recursos siempre serán escasos para atender necesidades ilimitadas”, que “el financiamiento por la vía de endeudamiento interno o externo también tienen sus limitantes y condicionamientos”; y, lo más importante, que el pueblo los elige para enfrentar problemas y liberarlos de ellos, que le mejoren la calidad de vida; y no para que le carguen el peso de la crisis por despilfarro o presuntos actos de corrupción, con medidas económicas que afectan en mayor grado a las familias de menores ingresos; peor aún soportar una probable alza de aportes de los afiliados al IESS y de la edad para jubilación, para cubrir desfinanciamiento del fondo de pensiones, cuando todavía no hay estudios actuariales, ni auditorias actualizadas, que enfoquen la realidad de las finanzas de la entidad de la Seguridad Social. 

El liderazgo brilla en las dificultades y en sus posibles soluciones, no en la bonanza.