Esta práctica no tiene razón de ser en un gobierno que asegura defender la libertad de expresión. De existir tales disposiciones, deberían ser derogadas y prohibidas.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública garantiza el derecho fundamental de los ciudadanos a obtener información de interés, salvo en excepciones expresamente determinadas como, por ejemplo, asuntos relativos a la seguridad nacional.

Sin embargo, en muchas ocasiones las personas que acuden con el interés de conocer algo relativo a entidades públicas, y que no debería tener ningún tipo de censura, se encuentran con el llamado silencio oficial, que es cuando los funcionarios que deberían proporcionar los datos dicen tener disposiciones de no hacerlo, en una evidente violación a la ley.

Hay casos en los que aseguran que altos funcionarios, como los ministros, son los únicos autorizados a dar información, lo que se convierte en una traba insalvable.

Recientemente la Fiscalía dispuso que la portavoz de esa institución en el país es la fiscal general, cuya oficina está en Quito.

Esta especie de veto a la información no afecta únicamente a los periodistas, sino también a los ciudadanos que tienen derecho a conocer qué pasa en las instituciones y cómo se gestiona la satisfacción de sus necesidades..

Si el Gobierno tiene el interés de fortalecer la libertad de expresión en información, debe empezar a derribar estas barreras que atentan contra el derecho ciudadano.