Actualizado hace: 937 días 11 horas 22 minutos
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Quienes ostentan ahora la representación ciudadana al haber sido escogidos democráticamente para funciones municipales o provinciales, tienen la indelegable e ineludible responsabilidad de cumplir con trabajar por el engrandecimiento de las colectividades que los eligieran.
Es su primero y mayor objetivo, puesto que la confianza depositada en ellos constituye para los electores la esperanza de cambio hacia la prosperidad a concretarse y lograrse como meta de un trabajo tesonero, eficiente y honesto.
Generalmente las aspiraciones populares no han recibido la respuesta esperada. Las promesas electorales suelen quedarse en las propagandas luego del triunfo, surgiendo otros intereses.
Aquello lesiona principios como la honestidad, valor inconmensurable en significado que se debilita ante los atractivos del poder y sus veleidades, llegando a sucumbir cuando la personalidad muestra un grado de actitud incipiente que la hace presa de la corrupción.
Por eso es indispensable recordar, desde el inicio de las nuevas administraciones, los deberes que conllevan a sus integrantes las funciones a desempeñar, así como el derecho de los electores a demandar a quienes no cumplan con ellos.
Es oportuno, entonces, exigir a quienes forman los renovados cuerpos edilicios municipales y de la administración provincial, la lealtad que le deben a la parte de la población que los eligió, a la comunidad que van a servir y, en especial, a ellos mismos, para que con su correcto proceder honren a su personalidad y a la de su familia como ciudadanos de honor.
La historia de la patria está llena de capítulos que narran vergonzosos cambios de actitudes, venta y compra de conciencia que transgreden toda clase de valores, hiriendo a la confianza popular y desterrando los sueños de progreso sembrados en su alma ansiosa de mejoras a su bienestar general.
Por eso es que los nuevos actores de la administración de las instituciones sectoriales deben actuar pensando en el bienestar de la gran población provincial y la de los cantones, anteponiéndolo como objetivo a cualquier otro que se le propusiere.
Aquello incluye posiciones personales propias o de grupos, partidistas, ideológicas o de directivas políticas o de quien o quienes pretendan erguirse como líder. Puesto que si bien por ley fueron elegidos auspiciados por partidos o movimientos políticos, su designación popular fue para servir cobijados por las únicas banderas a venerar: la nacional, la provincial y las de los respectivos cantones.
Un burgomaestre ha demandado de los ciudadanos trabajar con corresponsabilidad en la administración de su cantón, para “que no quede todo bajo su decisión”, lo que extraña, puesto que durante su primer mandato lo impidió al cerrar las puertas a la participación ciudadana.
Una cosa es predicar la honestidad, anunciarla, difundirla; otra es practicarla. Esperamos, entonces, que ahora haya un cambio de comportamiento.
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