Berta tiene 87 años, piel arrugada y cabello blanco. Debe recibir ayuda de su hija para caminar en su casa de caña, ubicada en la ciudadela Renato Burgos, de Jipijapa. Aquella que con esfuerzo y con la ayuda de su hijo (quien falleció) pudieron levantar después del terremoto.

Su hija María Guzmán dice no entender por qué le quitaron el bono a su madre si las pertenencias en su casa son escasas: una cocineta vieja (sólo funciona una hornilla), una mesa de madera, tres camas con colchones desgastados, un viejo televisor, y una nevera vacía.

María señala que eso lo evidenciaron las personas que en enero pasado la llegaron a censar, pero dos meses después su madre ya no apareció como beneficiaria, a pesar de que padece de artrosis y de incontinencia urinaria y necesita esa ayuda para las medicinas y pañales.

Ahora, su único ingreso económico son los 20 dólares que ella gana los fines de semana arreglando una casa, pero no le alcanza para las medicinas de su madre, mucho menos para pagar los servicios básicos.

María trata de ser fuerte,  pero las necesidades que tienen la hacen quebrantar y llora junto a su madre. Se sienten impotentes y no consideran justo lo que están viviendo, pues han habido noches en que no han tenido qué comer, aseguran. 

Pobres. Siendo optimista, María gana 80 dólares mensuales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Ecuador una persona es considerada pobre si el ingreso familiar es menor a 84,79 dólares mensuales, mientras que si percibe 47,78 dólares al mes, es considerada en pobreza extrema. En otras palabras,  María y su madre están dentro de las cifras de las familias que viven en pobreza, pero no son beneficiarios del bono.

José Vera es otro adulto mayor que desde hace dos meses ya no cobra los 50 dólares del bono, que le servían para comprar medicinas y comida.

José tiene 86 años, camina a paso lento y no sabe leer ni escribir. Dice que al menos quisiera trabajar como jornalero como lo hacía en sus mejores años, pero nadie lo contrata y no tiene ninguna fuente de ingresos.

Dentro de su casa, en la ciudadela El Maestro de la parroquia Picoazá de Portoviejo, su mayor fortuna es su bicicleta, su cama y una cocineta oxidada -cuyos quemadores ya no encienden-, junto con unas cuantas gallinas que cría. Las aves son su única compañía, pues enviudó hace unos años y no tiene hijos que lo ayuden. 

José menciona que ahora debe visitar a su hermana o sus vecinos para que le regalen el almuerzo. “Con el desayuno me las arreglo”, comenta el hombre, quien espera volver a cobrar el beneficio.

> Registro. Guido Mosquera, coordinador zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), señala que una de las herramientas fundamentales de la institución es el Registro Social para determinar si la persona o núcleo familiar necesita el beneficio.

El Registro Social es un padrón en el que se considera la condición social y económica de la persona, donde se toma en cuenta el lugar en que vive, acceso a los servicios básicos, ingresos económicos, empleo y otros detalles. “Es bastante completo y lo que nosotros hacemos como MIES es actualizar la información del Registro Social de nuestros usuarios de servicios”, indica.

El registro es digitalizado y está enlazado a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), que es la responsable de la administración de la base de datos y determina la medición de los umbrales de pobreza y pobreza extrema (ver recuadro).

“Las personas que no están en condiciones de pobreza no quiere decir que sean personas ricas, simplemente no reúnen las condiciones de vulnerabilidad ni de pobreza”, explica Mosquera.

En la Zona 4, que comprende las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, existen 166.909 beneficiarios de los diferentes tipos de bonos que entrega el Gobierno. En Manabí, 140.570 beneficiarios reciben los bonos y pensiones, recalca.

Desde el 2018 hasta febrero de este año, en las dos provincias se depuró a 7.066 beneficiarios. 

“Eso quiere decir que estos núcleos familiares, de acuerdo a la actualización y a la evaluación o medición que realiza la Senplades, a través del sistema del Registro Social, ya superaron los umbrales de pobreza”, detalla, y agrega que los nuevos beneficiarios del bono suman 7.286. Es decir, ingresaron 220 más. 

Mosquera indica que el presupuesto de este año para atender a los beneficiarios es de 106’515.000 dólares. “Mantenemos el mismo presupuesto de años anteriores. Incluso el presidente de la República ha manifestado de incrementar en un 20 % adicional a los beneficiarios del bono que reúnan las condiciones de pobreza y extrema pobreza, dando especial énfasis a la población adulta mayor”, señala.

Análisis. El  economista Ricardo Alarcón menciona que se está haciendo una mala cuantificación e identificación del bono, porque hay mucha gente que merece recibirlo y no es beneficiaria, así como también hay personas que no tienen necesidades, pero reciben el bono.

 “Eso es un crimen de Estado, porque se está quitando la oportunidad a los que deberían recibir, o ese dinero invertirlo en apoyo productivo a un gran conglomerado de ecuatorianos para dar trabajo”, señala.

El hecho de que se aumente el número de beneficiarios se puede considerar que hay más pobreza, indica Alarcón. “Toda depuración es buena, pero hay que hacerlo con un personal eminentemente técnico, con altos niveles de credibilidad para que no suceda lo mismo que del bono de la vivienda”, cuestiona.