Hasta ahora, la rendición de cuentas de los partidos políticos la han hecho los tesoreros de campaña directamente al Consejo Nacional Electoral, en informes cuyo contenido no llega a conocerse. El proyecto de Ley de Participación Ciudadana propone que el documento se publique en la página web de la organización política, para que esté al alcance de los ciudadanos.

Eso está bien, porque así se podrá conocer en qué se invierte la plata que proviene del fondo de participación política. Se trata de dinero público, y cuanta más transparencia haya en el manejo de esos recursos, siempre será mejor.

Debería aprovecharse el análisis de este planteamiento para obligar a que se cumpla, también, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que se obligue a las instituciones públicas a mantener actualizadas sus páginas web con información de libre acceso. Esto último no se cumple en todos los casos, pese a que la ley determina sanciones drásticas contra los funcionarios que no lo hagan.

Los organismos responsables de ese control bien pueden ayudar a fortalecer veedurías ciudadanas que revisen las cuentas y realicen los seguimientos, o delegar a funcionarios para que lo hagan en forma aleatoria.

Es positivo que los ciudadanos se mantengan informados sobre el uso y destino de los fondos públicos y las páginas web son un buen recurso para ello.