Desde el terremoto está ‘peleando’ para acceder a una vivienda del Gobierno. 

“Donde vivía se dañó. Estuvimos mucho tiempo viviendo con un techo de lona”, cuenta. 

Pero el problema es que en el sistema público aparece que ya tiene casa. 

“No sé por qué, pero me dicen en el Miduvi que aparezco que ya tengo una vivienda en El Guabito. No tengo nada, mire donde vivo”, dice mientras señala la ramada que ha improvisado. 

Solo espera que las cosas mejoren y que las lluvias no causen una desgracia para su familia, pues están vulnerables en una zona de riesgo.

Vive en zinc. Julia Argandoña, en cambio, vive en un terreno en la ciudadela Fátima. Su casa, tras el terremoto, son unas ‘hojas’ de zinc improvisadas. Indica que se las regalaron unos evangélicos. 

El área es de seis metros por tres y viven cinco personas. 

Dentro, donde por el sol es un horno, tienen dos camas, una mesa, una cocina y dos cajoneras. 

Esa es toda su casa. Su sala la tiene afuera, “tierra a tierra”, señala. Allí, recibe a sus visitas. 

Cuenta que buscó una vivienda del Gobierno, pero no lo logró.  

Fidel Yoza también sigue esperando su casa en la calle Santa Lucía, de 24 de Mayo, la que sucumbió tras el terremoto.

Fidel, quien tiene un local de venta de golosinas, menciona que las personas que fueron afectadas con el sismo fueron citadas a un encuentro.

“Llegaron como 1.000 personas, pero después me enteré que alrededor de 50 estaban en lista”, relata Fidel.

Prioridades. Esto es lo que se cuestiona, que mientras aún las personas necesitan viviendas, el dinero que debía ser para construirlas se haya destinado para obras no prioritarias. 

La Contraloría lo notificó. Ya existe un informe en el que hablan de campañas publicitarias, snacks y hasta compra de llantas con el dinero del terremoto, que debía ser utilizado en la emergencia. 

También se ejecutó la ampliación de dos carriles de la vía Puerto de Manta-redondel de Villamarina-Colisa, por 100 millones de dólares, con el dinero de la Ley de Solidaridad. 

Esa carretera, que ya era de cuatro carriles, no se dañó con el terremoto.

Marcela Estrella, secretaria técnica de Transparencia y Lucha Anticorrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-t), indicó a El Telégrafo que no existe información estandarizada y certera de dónde fue el dinero.

Por ejemplo, mencionó que se desconocen los presupuestos exactos que se designaron para la reconstrucción; los que se ejecutaron o no; y las cifras y estadísticas entre el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas (SRI) no guardan relación. 

Consideró importante señalar a los actores que estuvieron a cargo del Comité de Reconstrucción para Manabí, pues ellos ejecutaron las adjudicaciones de los contratos. “Sería bueno que expliquen al país cuál fue el destino de los presupuestos”, añadió.

Según la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción, de abril de 2016 a marzo de 2019 se ejecutaron 621 intervenciones, en ejes de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. 

El Plan de Reconstrucción contempla un presupuesto de $ 2.922 millones, que corresponden a 621 intervenciones finalizadas, 97 en ejecución y 93 planificadas.