La crisis económica golpea a todos, no solamente a las familias sino también a quienes ofrecen servicios a la comunidad, como los de educación, de manera especial en el ámbito privado. Pero afecta, sobre todo, a los ciudadanos, entre ellos los padres de familia que, en muchos casos, deben atender los requerimientos educativos de varios hijos.

El inicio de clases es una época de egresos altos para las familias, que deben privilegiar la cobertura de estos gastos, sin importar si los educandos acuden a establecimientos públicos o privados.

Si bien hay libertad de mercado y, de acuerdo con sus condiciones y conveniencias, los padres pueden decidir a qué tipo de plantel enviarán a sus hijos, es necesario que en un área como la educativa se apliquen formas de regulación.

Por norma, se ha dicho que las matrículas y los montos de las mensualidades no deberían subir más que la inflación, pero en ocasiones los planteles hacen cuantiosas adecuaciones con el fin de mejorar la calidad de la educación y, en contraparte, eso debe ser considerado.

Las autoridades también deberían poner atención a los precios de los uniformes y a las listas de útiles escolares, tanto por el precio como por la utilidad, cuidando que no haya especulación. No es lo mismo esperar a que lleguen las denuncias que emprender el control por decisión propia.