El hombre del que ella está hablando, un médico extranjero de un hospital en Manabí, ya le había pegado dos cachetadas, insultado frente a sus compañeros de trabajo. La había llamado basura, tonta y otros insultos que ahora recuerda con coraje. Y todo ¿por qué?

Porque tenían una relación, algo efímero, dice ella. Pero él estaba obsesionado. Le pedía fotos  del lugar donde estaba y no quería que le contradijera en nada. Absolutamente. No había espacio para reclamos. 

Mariuxi, quien en realidad no se llama así, habla de ese caso con pinzas. No quiere que revelen su nombre real por respeto a sus hijos, de 7 y 11 años. 

Pero ha decidido hablar   por una razón: siente que la discriminaron. No él, el hospital.   

Dice que el hombre que le pegó era su jefe y cuando ella denunció lo que estaba pasando ante los directivos del hospital, al siguiente día la despidieron. Fue el 16 de octubre del año pasado, el 17 le llegó la notificación. 

“En realidad no me lo esperaba, porque estaba haciendo un buen trabajo y no tenía ningún inconveniente con nadie más que   con él”, expresa. 

Mariuxi habla con firmeza, pero su voz se nota afectada por lo que se le viene a la memoria: recuerdos, imágenes del hombre abalanzándose contra ella y arrinconándola contra la pared. El hombre gritándole en el área de Emergencias. El hombre amenazándola con el puño cerrado.  Todo lo tiene presente y lo describió en la denuncia que le sigue al Ministerio de Salud. 

Porque es ilógico, dice, que dos años antes le dan un reconocimiento como “Heroína”, por haber operado pacientes en el patio del hospital durante el terremoto del 2016. Y ahora la despiden, afirma, por denunciar acoso y maltrato. 

Actualmente Mariuxi ha interpuesto una acción constitucional, tramite judicial  cuya finalidad es defender la vigencia de los derechos fundamentales  del ciudadano. 

Es el único camino, el más rápido, menciona el abogado Walter Barrera, quien lleva su caso.  

Con este procedimiento   podría resolverse en forma rápida. La otra opción es un juicio contencioso administrativo que demora dos o tres años, comenta.

Barrera dice que el hospital, al despedirla de un día a otro, vulneró el derecho a la seguridad laboral de su cliente. 

No le dio la oportunidad  de la defensa y hubo discriminación porque se eligió a  un extranjero en vez de un ecuatoriano luego de que denunciara el  maltrato.

“Ella tiene hijos, es madre soltera, paga arriendo, depende de su profesión. Estamos pidiendo el reintegro a su puesto de trabajo”, señala. 

La abogada Liliana Arcentales explica que el caso de Mariuxi es violencia institucional.  

Es decir, cuando una institución pública o privada vulnera los derechos de una mujer.

>Una violencia en el limbo. El problema, comenta,  es que para este tipo de violencia no hay ruta definida de atención, como sí sucede con la violencia física, sexual o psicológica. “Una mujer que padezca cualquiera de estos tres tipos de violencia puede acudir ante un juez o fiscal y le van a ayudar; pero en el caso de la institucional no existe un camino a seguir, lo único que nos queda a los abogados es la acción constitucional para hacer respetar el derecho del ciudadano”, indica.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica como delito a la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar en tres de sus formas: física, psicológica y sexual. 

Pero no es el único limbo jurídico que Arcentales encuentra en asuntos de violencia de género. 

Ella dice que la violencia estatal, que es el abuso o negligencia que involucra a órganos gubernamentales,  pasa por lo mismo.   

Y tiene un ejemplo claro de aquello, el caso Nahim. 

Se trata de un niño de dos años que está en medio de una disputa legal desde marzo del 2017, cuando el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) acogió la orden de restitución internacional dada por la justicia de Bélgica, concediendo la tenencia del menor al padre, y amparada en el Convenio de La Haya. 

Es decir, el Estado ecuatoriano le ordena a una madre ecuatoriana que le devuelva el hijo a su padre que es nacionalidad belga y vive en ese país. En otras palabras, el Estado afecta los derechos de una madre, señala la abogada.    

Actualmente el proceso está “dormido”, cuenta Arcentales. Esto debido a la insistencia de los abogados defensores en que la resolución del juez tiene irregularidades. 

La abogada indica que los municipios tienen la obligación de implementar políticas públicas para proteger a las mujeres, pero en el caso de Manta esto no ha ocurrido, todo está en papel.  

Mariuxi insiste en que hubo discriminación, porque  la removieron de un puesto de forma ilegal. 

Ella cuenta que el argumento para despedirla fue que era una servidora publica de libre remoción, lo cual no es así. 

Afirma que tenía nombramiento provisional  en el cual la terminación laboral se da por faltas disciplinarias, lo que en su caso no ocurrió. “Me dijeron que yo tenía problemas con compañeros, antecedentes conflictivos, pero eso nunca se demostró”, expresa.

Ella considera que su único delito fue denunciar a la persona que la estaba maltratando. Pero no estaba dispuesta a seguir callada. Ya la había humillado demasiado. 

Aún recuerda, por ejemplo, la ocasión en que en una guardia en el hospital le gritó y la insultó por llevarle la contraria en un tema. Fue la primera vez que amenazó con pegarle, algo que sí ocurrió tiempo después cuando le dio una cachetada frente a todo su equipo de trabajo.