Por ahora, la obra está contratada por un costo de más de cinco millones de dólares y con un plazo de ejecución de ocho meses. Se debe respetar los cronogramas para que nuevos rubros no incrementen lo presupuestado y la construcción sufra interrupciones, como ya ha ocurrido con otras obras públicas.

Es que han transcurrido casi tres años desde que el terremoto del 16 de abril del 2016 destruyó el edificio actual y lo convirtió en una estructura de paredes resquebrajadas y vidrios rotos, que al estar en pie representa, todavía, un alto riesgo y una mala imagen para la ciudad.

Una vez construido, la tecnología con la que estará equipado el nuevo edificio deberá conllevar a modernizar el manejo administrativo. Hay que simplificar trámites y volver más rápidos los procesos; incorporar más flujos en línea; enlazar dependencias y empresas municipales para facilitar las cosas a los ciudadanos.

Un inmueble inteligente no sirve de mucho si la institución no reprograma, en igual medida, la forma en que atiende a los ciudadanos.

La decisión municipal debería ser tomada en cuenta, también, por otras entidades públicas que aún no han empezado a construir sus edificios. Es lo que cabría esperar si, como se ha sostenido en esta columna, ha pasado tanto tiempo desde el evento sísmico y lo que existe son estructuras deterioradas o terrenos vacíos.

Los más beneficiados, en este caso, serán los usuarios.