Y ante todos los acontecimientos por corrupción conocidos públicamente que se le atribuyen al anterior Gobierno, y más aún con las declaraciones hechas por el presidente de la República, Lenín Moreno, donde tildó de matón de barrio al expresidente Rafael Correa, no cabe duda en todos los ecuatorianos que es lógico pensar que en la famosa reestructuración de la justicia hizo poner a la mayor parte de los jueces, de su misma calaña, quienes como cómplices y encubridores nos han perjudicado a miles de trabajadores en todo el país.

Rechazamos también las declaraciones hechas por el doctor Aquiles Rigail, miembro del Consejo de la Judicatura Transitorio, quien manifestó que solo se revisaría los juicios emblemáticos, por lo que viola los derechos constitucionales consagrados en el artículo 11 numeral 2 de nuestra Carta Magna; así como repudiamos también las declaraciones públicas vertidas por la doctora María Paulina Aguirre Salazar, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quien dijo que se oponía a la evaluación y reestructuración de los jueces, por considerarlo inconstitucional, con lo que demuestra que se está aferrando a su trabajo, cuidando su plato de lenteja, encubriendo la grotesca injusticia de los jueces, que en primera instancia emiten sentencias ilegales que son ratificadas por los jueces de la Corte Provincial, y negando los recursos de casación por los jueces de la Corte Nacional de Justicia, sin ni siquiera revisar el proceso de cada instancia a los que se recurre. 

Solamente se allanan a la resolución de primera instancia, conculcando el derecho de las personas establecidas en los artículos 33, 75, 76, 82, 169, 325, y 326 y sus numerales 2 y 3 de la Constitución, por lo que les pedimos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como también al Consejo de la Judicatura, que se dé respuesta a las denuncias hechas en contra del Consejo de la Judicatura, por las repugnantes actuaciones de los jueces en los juicios laborales en contra de las instituciones del Estado, ya que es hora de que se hable de la gran cantidad de juicios laborales contra el Estado y sus instituciones, donde se ha hecho un silencio sepulcral, queriendo de esta forma tapar la actitud nefasta de los jueces correístas.

Son 11 años que hemos venido siendo víctimas de estos jueces corruptos y sumisos, “donde el grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”. 

Ni la adversidad del mundo hará declinar de esta lucha a todos los trabajadores despedidos ilegalmente en el gobierno de la década perdida, hasta encontrar que se haga una verdadera justicia. Y que los jueces sumisos sean sancionados y respondan por los daños causados a los trabajadores de todo el país.