Hace bien el Gobierno cuando intenta concesionar a varias de estas empresas para que las administren privados y cuando dispone un recorte del diez por ciento de su plantilla. Realmente se queda corto, debería ir más allá y despedir a más personas y en lugar de concesionar, debería vender las empresas. 

Algún día el Estado tuvo razón cuando fundó algunas de estas empresas públicas. Por ejemplo, fue correcto fundar CNT (el nombre original era EMETEL), porque eran tiempos en los que la empresa privada no hubiera podido dotar de telefonía al país. Pero hoy ello ya no tiene sentido. En el país hay dos operadoras privadas de telefonía y bien vendría competencia cuando una tercera asuma CNT.

Otro ejemplo es la empresa pública TAME. En su momento su creación fue estratégica para integrar a varias regiones del país, pero ahora ello no tiene sentido. Para dar el servicio a las ciudades de baja demanda, es más fácil y barato que el Estado subsidie esos tan contados vuelos a las aerolíneas privadas.

¿Qué sentido tiene que el Estado tenga una empresa de uniformes para las Fuerzas Armadas, una cadena de medios que hasta hace poco fueron privados o al Banco del Pacífico? El Estado es históricamente un mal administrador. Por excepción debe ser empresario.

La mayoría de estas empresas públicas tienen pérdidas que, al final de cuentas, son como un impuesto más que tienen que pagar los ciudadanos.

Se aplaude la decisión del presidente Lenín Moreno y se le pide que vaya más allá por el bien de las finanzas públicas.