No tiene sentido que exista un organismo cuyas funciones bien pueden ser asumidas por entidades como la Asamblea Nacional, la Contraloría y el Ejecutivo.

Recientemente el presidente del CPCCS transitorio, Julio César Trujillo, volvió a referirse a esta institución del Estado como “innecesaria” y, por tanto, propone que se consulte al pueblo si se lo mantiene o no.

Creado por mandato de la llamada Constitución de Montecristi, el CPCCS tiene entre sus atribuciones la promoción e incentivo de los derechos de participación ciudadana, los mecanismos de control social y la designación de autoridades. Está investido, pues, de poder y hasta ahora su mayor función ha sido apoyar las acciones de los gobiernos, sin que exista la llamada independencia que tanto se pregona.

El país debería tomarle la palabra a Trujillo. Tradicionalmente en Ecuador han existido tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; pero durante el gobierno anterior se establecieron otras funciones que sirvieron para allanar el camino a un mandato de poderes concentrados en una sola fuerza política que se blindó contra fiscalizaciones, cuestionamientos y observaciones.

Al igual que algunas superintendencias, secretarías, ministerios y otras instituciones públicas, el CPCCS debería ser eliminado.

No se pierde nada si el país retoma el rumbo y se encamina, ahora sí, hacia una verdadera independencia de poderes.