La titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, indicó que Vallejo podía ser investigada penalmente sin la autorización del Parlamento, ya que ella no es asambleísta desde el 13 de noviembre del 2018, cuando el pleno la destituyó.

En diciembre pasado la fiscal general encargada, Ruth Palacios, pidió a la Corte Nacional de Justicia que señale fecha y hora para formular cargos por el presunto delito de concusión, que se comete cuando un funcionario público abusa de su condición para exigir pagos. La causa fue sorteada y la conoció el juez Iván Saquicela.

La Fiscalía inició una investigación por el delito de concusión en su contra, tras las denuncias presentadas por el asambleísta Fabricio Villamar (CREO) y los afectados. 

De acuerdo con la denuncia, Vallejo cobraba montos de entre 150 y 300 dólares en efectivo para mantener los cargos.