Lo dispuesto por las autoridades del Ejecutivo discrimina a los venezolanos a partir de ciertos hechos violentos que implican a varios de sus compatriotas. El más reciente, el secuestro y asesinato de una ecuatoriana a manos de su pareja, un venezolano, delante de un grupo de personas, incluidos policías, en pleno centro de Ibarra.

Este último suceso ha causado tal conmoción que grupos de personas se lanzaron a la tarea de expulsar a venezolanos de los lugares donde pernoctaban, utilizando para ello la violencia y la amenaza, en una expresión de intolerancia y xenofobia.

Los delitos no son cuestión de nacionalidad. Ciudadanos ecuatorianos han cometido crímenes en otros países, que han trascendido por su grado de crueldad; sin embargo, las autoridades de esos lugares no han aplicado medidas de restricción direccionadas a impedir el ingreso de gente de Ecuador.

Al interior del país mismo, se han registrado delitos calificados como atroces, perpetrados por ecuatorianos. El país aún observa conmocionado la violación de una joven mujer por parte de tres personas, en Quito.

La exigencia del pasado judicial debería ser un requisito para quienes llegan con la intención de quedarse en el país, con lo cual se garantiza, al menos, que quienes ingresan no tengan cuentas pendientes con la justicia. Pero, hay que insistir, debe aplicarse en general, sin discriminar.