Aclaró que la reforma a este concepto partió de “una omisión por parte de la Asamblea sobre el envío del proyecto inicial del presidente de la República, Lenín Moreno”, y que presumiblemente ya recogía el enunciado de que la comunicación es además un derecho.

La cuestión deberá ser analizada nuevamente en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea y posteriormente por el pleno, antes de regresar a la consideración presidencial, trámite que podría prolongarse varios meses.

El otro documento remitido por el Gobierno a la Asamblea veta parcialmente el proyecto de ley ratificado por la Cámara legislativa el 18 de diciembre e incluye 26 nuevas reformas.

Frecuencias. Entre ellas figuran, según mencionó Michelena y se desprende del documento oficial facilitado por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), el veto a una disposición transitoria relativa a la concesión de frecuencias radiofónicas, punto que levantaba ampollas entre las emisoras comunitarias, que exigían mayor equidad.

Así, el Ejecutivo ha propuesto que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) inicie las bases de un nuevo proceso de licitación para títulos habilitantes de las frecuencias, algo que, según estimó, no debería tardar más de 90 días.

También recoge la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).