La investigadora de la Unidad de Fraudes y Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial, Karla Chinchilla, aseguró que el perjuicio económico de esta estafa durante el 2018 asciende a 1.400 millones de colones (2,3 millones de dólares) y 230.000 dólares.

La estafa consiste en llamadas telefónicas de presos desde alguna cárcel, quienes se hacen pasar por funcionarios del Ministerio de Hacienda para convencer a empresarios y trabajadores de que tienen problemas con el sistema de facturación digital.

Los estafadores inducen a las personas a instalar un programa de acceso remoto en las computadores, mediante el cual roban información de la empresa, de cuentas bancarias y claves de acceso.

Esta situación fue divulgada este martes en conferencia de prensa por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que pidieron a la población no dar datos personales ni de la empresa por teléfono.

La investigadora afirmó que se trata de "una problemática bastante grande", pero aclaró que "no ha habido vulneración en páginas de instituciones ni entidades bancarias".

"Es el usuario el que está dando los datos al estafador", aseguró Chinchilla.

Las autoridades no ofrecieron dieron detalles sobre las investigaciones que adelantan, pero dieron a entender que se han identificado ya reos supuestamente involucrados en las estafas.

El Organismo de Investigación Judicial contabilizó en el 2018 un total de 922 denuncias y en lo que va del 2019 ya se registran 49.

Los reos que dirigen la operación cuentan con ayuda fuera de las cárceles de gente con conocimiento y acceso a computadoras, así como de unas 1.700 personas que prestan sus cuentas bancarias para que sea transferido el dinero de las víctimas.

Las autoridades aseguran que ya tienen identificadas a estas 1.700 personas que reciben una especie de comisión por prestar sus cuentas. EFE