La palabra “competitividad”, definida por la Real Academia Española RAE, como “la capacidad de mantener, de una forma sistemática, ventajas comparativas que permitan alcanzar sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico”, está asociada principalmente a factores de equidad, eficiencia en la producción y nivel de percepción de calidad de un producto sea este un bien o un servicio.

Enfocándonos en los efectos del subsidio directo de 77,70 - 99,90 dólares/galón a favor del gremio de taxistas (taxis amarillos) como compensación mensual (por unidad), esta medida incide en la competitividad de este sector de la transportación debido a que no contempla factores equitativos. En primer lugar, al no existir equidad, es decir, igualdad de condiciones entre competidores de la misma industria, esta resolución reduce la posibilidad de que nuevos participantes entren a competir en el mercado con vehículos más cómodos, seguros y posiblemente con tarifas más bajas que las actuales.  

Adicionalmente, no contempla controles de mejora continua entre competidores existentes. 

Con base en las dos consideraciones, competitividad y mejora del servicio, hubiera sido oportuno que el decreto de reducción de los subsidios a las gasolinas con la consiguiente compensación económica direccionada a los taxistas, traiga consigo obligatoriedades como la modernización de la flota actual y el retiro de circulación de las unidades que, por su tiempo de vida útil, no brinden condiciones de confianza, comodidad y seguridad.

Una idea socializada por años, expone que la reducción a la subvención de los combustibles traerá consecuentemente el aumento de los precios en el tarifario. En respuesta y ante este preconcepto impulsado por creencias populares principalmente, no necesariamente cabe la posibilidad de “tarifazo” debido a que en un entorno económico de libre competencia y equidad se permite el ingreso de nuevos competidores con propuestas innovativas (técnicas-comerciales) y, en consecuencia, sería el mercado el que determine el precio por segmento y por solución diferenciada claramente definida. En un mercado de libre competencia los precios son determinados por la ley de la oferta y la demanda y son motivados por el valor percibido de los productos. 

El Gobierno Central debe permitir la equidad entre competidores e impulsar la competitividad entre proponentes, dejando a un lado la creación de nuevos subsidios llamados “compensaciones” que, está claro, no han llevado al país por una línea de crecimiento sostenible.