La asambleísta Ana Galarza es denunciada en la Fiscalía por presunta concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documentos falsos. El denunciante sostiene que se falsificaron las firmas de una asesora de la legisladora y que se desvió su sueldo, en lo que sería, según su versión, un nuevo caso de los bautizados “diezmos legislativos”.

Así se denomina cuando los empleados públicos de los despachos legislativos deben contribuir con parte de sus ingresos económicos a los asambleístas, a cambio de mantener sus puestos y no ser despedidos. 

El denunciante también presentó un reporte de un supuesto mal uso de la tarjeta electrónica para ingresar al Palacio Legislativo, lo cual, en caso de comprobarse, sería causa de destitución. 

La asambleísta cree ser víctima de una persecución política por su tarea fiscalizadora contra el correísmo y pide que se archiven las causas por falta de pruebas.

Por denuncias parecidas contra otros legisladores se conformó con celeridad una comisión multipartidista en la Asamblea Nacional, con el ánimo de comprobar las denuncias o desvanecerlas. Ahora, esa comisión se forma con lentitud, lo que llama la atención.

Ecuador necesita que se respete el derecho a la defensa, pero que el tema de esta asambleísta y otros que puedan surgir se investiguen a profundidad para establecer inocencia o culpabilidad. Los llamados “diezmos” deben ser erradicados como práctica en el país.