Esta normativa fue creada como un instrumento para sancionar a los medios de comunicación a través de un organismo (la Supercom) que se erigía en acusador y juzgador de lo que sus funcionarios consideraban prácticas indebidas en el ejercicio de informar. 

Se impuso a los medios una serie de normas de ética y conducta que el sector oficial consideraba correctas, pero que en muchos casos ni siquiera eran tomadas en cuenta por los medios públicos.

La Asamblea ha modificado 100 de los 145 artículos de la ley, y entre las revisiones más notorias constan la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), de las normas deontológicas y de la figura del linchamiento mediático.

No obstante los cambios, se mantienen algunas camisas de fuerza. Se sigue limitando la distribución de frecuencias, se mantienen regulaciones a la publicidad, se conserva la obligatoriedad de asignar un desmedido espacio a informaciones interculturales, y no se regula la aplicación de los derechos a la réplica y la rectificación, de los que muchos funcionarios públicos abusaron en este y el anterior gobiernos.

La LOC contiene disposiciones que ya constan en la Constitución y otras leyes. A pesar de que las reformas suavizan la dureza de esa ley, el hecho de mantenerla sigue también representando limitaciones al derecho a expresarse con libertad.