Los recientes dictámenes de la Contraloría en contra del actual prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, y del candidato a esa misma dignidad, Jaime Estrada, han movido el tablero electoral en la provincia. Y ello está bien si se logra determinar que ambos son culpables de lo que se los acusa. 

Pero parece mucha casualidad que justamente por estos tiempos de campaña la Contraloría actúa, habiendo tenido meses y, hasta, años para actuar en ambos casos.

De ser así, esta sería una utilización política del organismo de control. Lo que sería repugnante, ya que sería continuar con la misma práctica de la era correísta y de otros políticos.

La preocupación de este comentario se basa en preguntas que desde la Contraloría no quieren responder. Por ejemplo ¿por qué justo al cierre de las inscripciones se descalifica a Estrada? ¿Por qué no se descalifica a todos quienes votaron a favor del caso Mall del Pacífico en el Concejo de Manta? Y, claro: ¿Es verdad que otros precandidatos que no son de la línea de Gobierno tendrían resoluciones similares? ¿Por qué en casos de irregularidades de la Reconstrucción no hay resultados con la misma velocidad que en estos  temas? ¿Quién o quiénes se benefician o se podrían beneficiar con estas decisiones en este tiempo?