La Contraloría realizó un examen especial de ingeniería de los procesos precontractual, contractual y fiscalización de trece proyectos de demoliciones que fueron ejecutados entre el 16 de abril del 2016 y el 31 de mayo del 2017, en los cantones Manta, Sucre, Portoviejo, Montecristi y Pedernales.

El monto de los recursos analizados por Contraloría asciende a los 60’597.547 dólares (sin IVA); sin embargo, el valor de los pagos fue de 61’334.739 dólares (ver infografía).

El informe publicado por Contraloría en agosto pasado, entre otras cosas, revela que los supervisores asignados en los cantones antes mencionados “no supervisaron en campo a través de las fiscalizaciones contratadas, la exactitud, correspondencia y veracidad de las cantidades planilladas y cobradas por los contratistas, a fin de garantizar la integridad en los cálculos de los trabajos ejecutados, reflejados en los viajes de acarreo y las horas máquinas empleadas en los mismos, dentro de las planillas previo a su trámite de aprobación; permitiendo pagos en exceso por 14’511.276 dólares”.

El documento agrega que “ante la falta de implantación del ‘protocolo para el proceso de demolición y remoción de escombros’ por parte de la máxima autoridad, el gerente del proyecto de demolición y remoción de escombros, en su calidad de administrador de contratos, no aplicó el control interno a fin de coordinar las actividades de supervisión y fiscalización contratada, previo al proceso de aprobación de las planillas”.

 

Denuncias. Julio Villacreses, vocero de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que luego de conocer el informe preliminar de este examen, realizaron otra denuncia pues consideraron que los resultados “eran muy pequeños e insuficientes”.

“Presentamos un informe global de las obras que se hicieron con el dinero de la Ley de Solidaridad. Esa denuncia fue aceptada en la Contraloría General del Estado en Quito”, indica.

En el proceso de demoliciones, Villacreses señala que demostraron ciertas inconsistencias. Por ejemplo, la demolición del templo Cristo del Consuelo de la parroquia Andrés de Vera, de Portoviejo, que fue ejecutada por la misma parroquia, pero que aparecía como si la hubiese ejecutado el MTOP. “Otras que no tenían sustento técnico para su demolición... El asunto de las volquetas y maquinarias que se utilizó”, menciona.

El informe de Contraloría cuestiona, además, al subsecretario del MTOP de ese período (Franklin Bernal) por haber invitado, suscrito y permitido la ejecución del contrato con una empresa constructora que no existía legalmente en la fecha de la contratación (29 de abril del 2016), para hacer las demoliciones y retiros de escombros, en el cantón Sucre. 

 

Costos.  El valor pagado y aprobado  por la fiscalización contratada y el supervisor asignado en Sucre asciende a  $ 3’433.003.

Según la Contraloría, los trabajos ejecutados “carecen de detalles en el cálculo pormenorizado de las obras realizadas y anexos fotográficos que evidencien lo ejecutado. Además, el equipo de control determinó diferencias entre los viajes acarreados y número de horas máquinas realmente utilizadas, con los pagados por la entidad de 2’007.269 dólares, correspondiente al contrato de ejecución de obras; y, $ 100.363 por los servicios de fiscalización no justificados”.

El Diario intentó contactar a Franklin Bernal, pero su teléfono salió apagado y no respondió el mensaje que se le envió a su celular, solicitando una entrevista. 

El exasambleísta Leonardo Viteri dice ser testigo de las demoliciones que hizo la empresa china Sinohydro, en Sucre.

“Esa fue la primera que vino a demoler aquí a mi tierra (Bahía de Caráquez) y la vi demoler casas sin autorización, sólo por facturar 40 mil dólares por cada casita”, asegura.

Por eso, considera que se debería investigar a quienes lideraron estos procesos desde sus inicios.

“La reconstrucción de Manabí fue un fiasco. $ 3.600 millones que nunca han dado pruebas de cómo se gastaron”, cuestiona.

Para él, se debería realizar una auditoría internacional a los recursos utilizados en la reconstrucción.

“Es inadmisible que se hayan priorizado obras como parques, en lugar de los hospitales. Eso no tiene perdón de Dios”, señala Viteri.

El informe de la Contraloría está en manos de la Fiscalía en Quito y se encuentra en investigación previa.

Milton Elías García, abogado de libre ejercicio, señala que si se usaron los recursos de la Ley de Solidaridad para otros fines, la Contraloría debió establecer indicios de responsabilidad penal.

“Contraloría debió enviar el expediente y la documentación a Fiscalía para que abra una indagación previa, para investigar y establecer los indicios sobre la existencia de un presunto delito de peculado, y también posiblemente un delito de malversación de fondos”, explica.

La investigación previa en estos casos puede durar hasta un año. El delito es sancionado con un mínimo de cinco años de cárcel y un máximo de 13, según el Código Orgánico Integral Penal, detalla el jurista.

Los recursos que se utilizaron de la Ley de Solidaridad para las demoliciones fueron $ 109’223.464, según información de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción.

José Herrera, secretario técnico del Comité, señala que las observaciones corresponden a la administración anterior del MTOP.

“Como Secretaría, en la actual administración se han atendido los requerimientos y hemos transparentado la información y pedimos que se realicen los exámenes especiales respectivos por parte de la Contraloría”, respondió Herrera mediante correo electrónico.

 

Otros informes.  Por ahora, la Contraloría realiza otro examen de auditoría. De acuerdo a información revelada a El Diario, el resultado preliminar detalla que no se priorizaron ciertas obras, pero la lectura de este informe borrador se haría antes de que culmine el año.

Villacreses cuestiona que no se hayan priorizado ciertas obras. “Los prioritarios eran los damnificados... Todavía existen personas sin viviendas; se hicieron obras que no tenían nada que ver con la reconstrucción, como el parque Las Vegas y la vía Manta-Colisa”, menciona.

Herrera, en cambio, asegura desconocer dicho informe, pero concuerda con que primero se tuvo que haber hecho los hospitales, viviendas y unidades educativas. 

“Fue un error cometido en el año 2016; sin embargo, no nos podíamos detener a enumerar lo que se debía haber hecho, todo lo contrario, conseguimos el inicio de la construcción del hospital de Chone, en julio pasado, y logramos que los hospitales de Sucre y Pedernales puedan ser una realidad en el primer trimestre del 2019”, indica.

En el tiempo que tiene en el cargo, entre otras cosas, Herrera asegura que lograron que el Comité priorice la agenda de reactivación productiva que contempla $ 1.500 millones para créditos productivos por parte de la banca pública.