Con las facilidades que ofrecen las redes sociales e internet, cualquier persona puede difundir con inmediatez todo tipo de contenidos y, dependiendo del impacto que genere en el público, es posible que lleguen a viralizarse.

Imágenes de accidentes de tránsito, delitos, agresiones y otros sucesos que generan conmoción se comparten a diario en las redes con el fin de llamar la atención, aunque en forma anónima.

Muchas de esas imágenes han sido captadas y compartidas por elementos policiales u otros agentes del orden en el desempeño de sus actividades, lo cual no debe ser tolerado pues transgrede principios éticos y normas legales, a más de que expone innecesariamente a las personas y altera las investigaciones.

El error no es del ciudadano que capta una fotografía o realiza un video durante un procedimiento policial, sino del agente que lo permite sin tomar los recaudos necesarios.

La información debe ser confidencial mientras esté en manos de la Policía y la Fiscalía. Una vez compartida pierde la reserva y se vuelve pública, luego de lo cual no caben la censura ni las advertencias. En estas condiciones, la falta no es de quien la recibe y la comparte, sino de quien, debiendo guardarla con otros fines, la difunde.