El tema ha entrado en público debate tras la salida de Jorge Glas y Alejandra Vicuña como vicepresidentes de la República.

Las corrientes van a favor de quitar este beneficio a quienes no fueron electos por el pueblo o a los que no concluyeron su período. También hay quienes dicen que no debería pagarse este tipo de pensiones porque siempre ha existido corrupción y el país no ha avanzado. Son estigmas que deben quedar a un lado si no hay un pronunciamiento oficial.

El hecho de haber servido al país desde una función tan importante como la primera magistratura les da el derecho a recibir un estipendio del Estado, pues un expresidente seguirá siendo siempre un representante del país en eventos públicos como conferencias y otros.

Las decisiones de los mandatarios siempre afectan a alguien y es responsabilidad del Estado precautelar su integridad. Por esto, deberían contar con, al menos, seguridad y un asistente que se encargue de sus asuntos públicos.

Frente al debate, se puede reformar la Losep para definir los mecanismos para el pago de las pensiones. Por ejemplo, se podría excluir a quienes fueron sentenciados por corrupción o a quienes hayan sido destituidos políticamente. Por ahora, la ley solamente excluye a quienes se les haya revocado el mandato. Además, podría normarse el monto de la pensión según el tiempo en que se sirvió al país, y establecer que el cobro no puede heredarse ni endosarse, como graciosamente sucede en la actualidad.