Pero ayer el procurador del Estado Íñigo Salvador ratificó que a su criterio ya “no tienen razón de ser” las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó, el 12 de abril del 2018, a favor del equipo de prensa, cuyos integrantes, tras el secuestro, fueron asesinados.

“No veo la pertinencia ni la necesidad de que se extienda su tiempo de trabajo”, dijo Íñigo Salvador este lunes, después de que fuera cuestionado por los familiares del equipo de prensa y por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, por no permitir que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH realice un peritaje sobre la seguridad de los periodistas en la frontera. 

 

Crítica. Anteriormente la Defensoría del Pueblo cuestionó esto y expresó que le “llama la atención” la afirmación realizada por el procurador Íñigo Salvador en la CIDH “al sostener que el secuestro del equipo periodístico habría tenido lugar en Colombia, sin que hasta el momento existan pruebas concluyentes de lo afirmado”. 

Pero ayer el procurador aseguró que eso lo expresa con la versión y detalles conocidos por la investigación realizada por el fiscal Wilson Toainga. 

Según Íñigo Salvador, con el curso de la investigación del fiscal, que es confidencial, “se abre esta otra posibilidad, que es que el delito haya ocurrido en territorio colombiano, como lo muestra el testimonio que consta en uno de los procesos colombianos, revisados por el fiscal ecuatoriano, de que los periodistas fueron conducidos por gente de alias “Guacho” al otro lado de la frontera a realizarle una entrevista y que ya habiendo llegado al lugar donde se encontraba este criminal, se les comunicó que no había tal entrevista y que ellos desde ese momento eran rehenes víctimas de un secuestro”. 

La Defensoría del Pueblo ha exhortado al Gobierno a que se permita la realización de todas las acciones previstas por el Equipo de Seguimiento Especial.