No hay sanción a quienes son los ejecutores, cómplices y encubridores de los delitos que lesionan el bienestar y la dignidad del ser humano, una situación inhumana de la que no se tiene conciencia. 

El Estado es el administrador de los servicios vitales para vivir en plena paz, que pueda conducirnos al progreso. No hacerlo desborda la capacidad de control, que la credibilidad se deteriora; las poblaciones sienten inseguridad e impunidad, cuando los procesos no terminan la investigación.

Los derechos sociales y del individuo se promovieron con la Revolución de 1789 en Francia, fueron declarados vitales por las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 y luego establecidos por las Constituciones y las leyes para todas las sociedades. 

La política es para servir, pero es utilizada para destruir y desmoralizar al hombre y la familia; los políticos deben impulsar el desarrollo del país, las provincias, sus cantones, parroquias y comunas. Quien no quiera tiene que hacerlo, para eso son elegidos. El dinero público no es de sus bolsillos, pero se abrazan del poder del Estado para ser ricos de la noche a la mañana. Mientras que los reelectos regresan a manejar las arcas públicas, sin que nadie los pueda controlar, convirtiéndose en una costumbre implantada desde las instituciones del Estado.

De esa manera, los políticos son personas que no tienen lealtad en sus principios y convicciones; nos siguen mintiendo, viven de las instituciones del Estado, la política y el imperio de la ley. Desde 1830 hemos tenido gobiernos autoritarios a lo largo de la vida republicana, hasta la actualidad. Aparentando una democracia acudimos a las urnas, por la necesidad de un cambio que sería el término de una utopía, pero es imposible ante tanta corrupción.

El mundo fue creado de manera cristiana, diáfana, transparente, sin impurezas, pero desde el momento en que la maldad contaminó el sistema político, jurídico, democrático y económico; se impuso en los seres humanos este modus vivendi, con las religiones falsas, las leyes y servicios públicos que se venden al mejor postor. 

Los 137 asambleístas de partidos y movimientos políticos, más allá de cumplir sus funciones específicas de legislar y fiscalizar, también tienen intereses bien remunerados, con la derogación y modificación de las leyes.

Nos queda la esperanza de que algún día haya igualdad en todos los ámbitos del planeta, en cualquier dignidad o representación, porque todos somos iguales. Cualquier idea o plan del Estado es muy halagüeño o muy bueno, pero irrealizable; nos quedamos con la falsa ilusión de que vivimos mejor, ante tanta astucia política. ¿Será delito decir la verdad?