Y no se trata únicamente de los postulados de igualdad que promueven las declaraciones internacionales. La obligación es casa adentro, con los ciudadanos, con el respeto a sus derechos individuales, a su dignidad, a su condición.

Esos derechos se vulneran cuando se discrimina en la prestación de servicios en las instituciones públicas y se postergan los trámites de unos para dar preferencia a otros; cuando se obliga a los ciudadanos a esperar varias horas fuera de las áreas de emergencia de las casas de salud; cuando se interrumpen servicios básicos por falta de mantenimiento, sin dar opciones a los usuarios; cuando se permite que a más de dos años de una catástrofe haya familias viviendo bajo carpas; cuando se mantienen leyes que restringen libertades como las de expresión y al libre tránsito.

Mientras no se promueva y garantice el respeto pleno a los individuos, sin considerar las condiciones, de nada valdrán cuantos instrumentos internacionales se firmen, sea cual sea la tendencia política de los gobiernos.

Ecuador ha recuperado mucho terreno, durante el actual Gobierno, en el proceso de reintegrar el goce de ciertos derechos a sus ciudadanos. Es indudable que queda todavía mucho por hacer después de una década de prácticas que llegaron hasta la represión contra quienes expresaban una opinión diferente al régimen.

Pero el trabajo pendiente es mayor aún hacia el respeto pleno a los individuos como tales. Es cuestión de conciencia, pero también del trabajo del Estado. Aunque suene a utopía, lo ideal es llegar a eso.