La notificación fue anunciada ayer por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que alega que es aún susceptible de “revisión”, si bien el expresidente aseguró que es “final”.

“El 5 de diciembre del 2018, la jueza nacional Daniella Camacho recibió un oficio de Interpol en el que la institución internacional explica que suprime los datos del ciudadano ecuatoriano Rafael Correa Delgado, tras examinar los elementos concernientes a su situación jurídica”, dice un comunicado de la CNJ.

Tras meses de espera, la Interpol argumentó que “la retención de los datos” en el Sistema de Información del organismo “no era compatible con la obligación (...) de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos”, precepto que se encuentra en el artículo 2 de sus estatutos.

La notificación con la que el organismo policial internacional ha rechazado la “difusión roja” solicitada por la Justicia ecuatoriana para la localización y arresto del expresidente, que reside en Bélgica desde junio del 2017, poco después de dejar el poder en manos de sus sucesor y ahora rival político, Moreno, fue solicitada en un principio por violación de medidas cautelares y después por el juicio en su contra.

El pasado 7 de noviembre la jueza Camacho dictó un auto de llamamiento a juicio a Correa y otros tres procesados más por el delito de plagio del exasambleísta Fernando Balda.

Proceso. Al dictaminar el procesamiento, la magistrada reiteró su solicitud a Interpol para la captura del expresidente con fines de extradición al país.

Correa, que ha negado su implicación en los hechos, valoró la decisión como “una humillación y una vergüenza para el país”.

Y aunque plenamente satisfecho, subrayó que ese rechazo también apunta a la “grave situación del Estado de derecho” en Ecuador, donde, dijo, no hay siquiera una “corte constitucional”.

Agregó que “es muy grave para Ecuador que Interpol haya rechazado el pedido de la justicia por atentar contra los derechos humanos”, porque significa, a su juicio, que “el Estado de derecho no pasa el escrutinio internacional”.

En ese sentido, ve en la decisión de Interpol “el principio del fin”, porque dice que su resolución le servirá para apelar a otras instancias internacionales en busca de protección, entre ellas las del sistema interamericano.

El exasambleísta Fernando Balda calificó como “infausta noticia” la decisión de Interpol.

“Es lamentable esta infausta noticia que nos da Interpol. Pareciera que se pretende desacreditar al sistema judicial ecuatoriano, pero a su vez resta credibilidad a la misma Interpol”, dijo el político en una rueda de prensa en Quito.

“No dudamos que haya existido influencias a Interpol fuera del marco de la legalidad”, apuntó en un análisis de la decisión.

Otros casos. Otros casos en el país incluso aún no tienen respuesta, como el del expresidente Jamil Mahuad, sentenciado por peculado a 12 años de prisión, y el de los hermanos Roberto y William Isaías, condenados por malversación a ocho años. En  ambos han pasado más de cinco años desde que se emitió la difusión roja.

Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa, sentenciado por peculado, y el excontralor Carlos Pólit, también figuran en la lista.