El legislador que representa una provincia,  adquiere, por el solo hecho de ser tal, un compromiso absolutamente leal, total y sin dobleces con los electores que lo eligieron, con sus aspiraciones, con sus valores, con sus instituciones. En el caso de un elegido por un distrito, es decir por una circunscripción determinada, su primerísima obligación es responder a los electores de ese distrito, a la confianza depositada en ellos y por supuesto a la provincia.  Así es en la mayoría de países del mundo, así funciona el sistema y más aún en democracias maduras, desarrolladas, con una larga historia de respeto a las instituciones. No se elige a un legislador, en consecuencia, para que se desatienda de las necesidades de su distrito o de su provincia ni para que las mire de lejos o que viéndolas permita que el centralismo las satisfaga a su antojo y no con justicia. No, para eso no se los elige.  Por supuesto que un legislador tiene el deber de legislar y fiscalizar, pero eso no es ni podrá ser un óbice ni hoy ni mañana  para que los temas que afectan y tienen que ver con los intereses de las provincias no sean debidamente analizados y muy especialmente aquellos que tienen que ver con sus rentas