El abogado defensor, Marcelo De Mora, dijo que el Juez Constitucional ratificó las medidas cautelares luego de comprobar que Petroecuador no dio cumplimiento a las mismas. Por lo tanto, dijo, “Petroecuador debe abstenerse de ejecutar la resolución de dar por terminado un contrato, que afecta al accionante y a los empleados que trabajan en la empresa”.

María del Pilar Zambrano, presidenta de Corporación Marzam, explicó que se trata de un contrato de transporte de combustibles limpios que vencía el 12 de octubre y el 10 de octubre les dieron 10 días para que  demuestren que Marzan no estaba inhabilitado para contratar con el Estado porque su padre, el prefecto Mariano Zambrano, era accionista. Dijo que es una persecución porque siempre se supo que su padre era accionista. 

Los abogados de Petroecuador y de la Procuraduría del Estado no se pronunciaron sobre el tema.