Zambrano, como autoridad del GPM, ha firmado —y lo sigue haciendo— los contratos que conciernen a esa institución, entre ellos el de reparación del sistema Carrizal-Chone, que resultó afectado por el terremoto del 16 de abril del 2016.

En las últimas semanas la Contraloría pidió la destitución del prefecto por supuestas irregularidades en la contratación de obras para la zona La Manga del Cura. Lo hizo tras un proceso de auditoría que llevó a la determinación de responsabilidades.

La destitución de Zambrano es un tema cuya resolución compete taxativamente al pleno del Gobierno Provincial, como cuerpo colegiado. Mientras, el prefecto, que anunció la impugnación del proceso, se mantiene en el cargo y cumple sus funciones. 

Ante todo esto, las autoridades del Gobierno Provincial deben cerciorarse de si, con la sui generis situación legal de su primera autoridad, existe algún resquicio jurídico del que, posiblemente, pudiera originarse a futuro alguna impugnación a esos contratos y con ello se volvieran a postergar obras de mucha importancia para la provincia.

No está de más curarse en salud y hacer las consultas pertinentes para asegurarse de que lo actuado no pueda caer, en algún momento, en una especie de vacío jurídico.

Muy aparte de las conveniencias políticas o personales, está la seguridad de que las obras en la provincia se ejecutarán como está planificado.