La votación final fueron 94 votos afirmativos, 31 negativos y 7 abstenciones, que decidieron la suerte de la legisladpra, tomando en cuenta el informe de la Comisión Multipartidista, que cerró la investigación y recomendó su destitución por incompatibilidad de  funciones al visitar a la exagente de Inteligencia, Jéssica Falcón, implicada en el secuestro del político Fernando Balda, donde se involucra al exmandatario, Rafael Correa.

 Según información de medios nacionales esta decisión fue criticada por la cuestionada Sofía Espín, quien lamentó que con solo 70 votos se pueda destituir a una representante elegida por el pueblo.

Antes de que empiece el debate, a través de sus redes sociales, el presidente Lenín Moreno publicó un mensaje en el que pedía a los asambleístas que "sean consecuentes con el sentir de los ecuatorianos en la lucha contra la corrupción y la impunidad".

Además la Asamblea cesó también como legisladora a la oficialista Norma Vallejo por haber realizado, presuntamente, cobros indebidos a sus colaboradores y por gestionar un cargo en una institución pública ecuatoriana.

La moción presentada por un político opositor fue aprobada por 89 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, y con la ausencia de la mayoría de los parlamentarios del partido Alianza País (AP), que encabeza el presidente Lenín Moreno.

En su turno de intervención previo a la votación, la parlamentaria defendió su inocencia y criticó que la Comisión Multipartidista que investigó su caso no le garantizó el derecho a la debida defensa y actuó con falta de ética.

"No ha sido comprobada la autenticidad del audio en el que se me acusa, y no se puede juzgar a una persona solo con la versión, sino con las pruebas", demandó Vallejo para luego agregar que debe ser la Fiscalía la que decida su culpabilidad en base a los indicios que se presenten.

Igualmente, atacó a varios miembros de la Comisión, entre ellos su presidente, y aseguró que le quieren "cortar la cabeza para salvar otras".

La comisión parlamentaria había determinado que la legisladora de AP incurrió en prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), por lo que recomendó su destitución en base a audios de más de tres horas de duración, documentación y testimonios de los denunciantes.

A Vallejo se la acusa de haber "gestionado un cargo público" en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y de haber realizado "cobros indebidos a sus colaboradores", un llamado diezmo que exigía de los sueldos de sus asesores. EFE