La amenaza de normas como la Ley de Comunicación pende sobre los medios y los ciudadanos. Hay que recordar que en los anteriores comicios la Superintendencia de Comunicación (Supercom) amonestó y multó a varios periódicos y canales de televisión porque no replicaron un reportaje de un medio argentino que contenía acusaciones contra el principal candidato opositor, Guillermo Lasso. Según la Supercom, se trataba de información de relevancia pública y los medios, al no difundirla, aplicaron censura previa.

Este es un ejemplo de que la Ley de Comunicación es una herramienta para que grupos de poder político regulen la expresión de los ciudadanos y controlen el flujo libre de la información que, en este caso, debe sustentar las decisiones de los electores.

Y así seguirá funcionando mientras no se concreten las reformas que desde hace seis meses ha anunciado el Gobierno y que siguen en espera en la Asamblea Nacional. Es cierto que no serán una solución definitiva, pero se aspira a que los cambios flexibilicen la situación.

El Código de la Democracia, que establece sanciones para los medios de comunicación que, a criterio de los juzgadores, incumplan las normativas, es otra norma que debe ser revisada.

El Código Orgánico Integral Penal tipifica delitos relacionados con la publicación de información y prohíbe hacer públicos datos que las autoridades consideren reservados.

En definitiva, es cierto que ha mejorado el clima para la libertad de expresión en Ecuador, pero todavía hay muchas reformas pendientes para que se pueda gozar del respeto a la opinión ajena y una información libre y sin restricciones.