Según un informe de la Contraloría General del Estado, entre los años 2012 y 2015 la aerolínea nacional registró pérdidas por 145 millones de dólares, a tal punto que en el 2015 tuvo un patrimonio negativo de 67,6 millones, lo que siembra dudas sobre la capacidad de la empresa para continuar en funcionamiento.

Esta empresa se creó en el año 1962, bajo la tutela de las Fuerzas Armadas y con el nombre de Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos. Buscaba, entre otras cosas, llegar a territorios que por vía terrestre tenían un difícil acceso a las principales ciudades del país. 

Ha transcurrido más de medio siglo y las condiciones han cambiado. La apertura de carreteras ahora permite viajar a lugares que eran considerados recónditos e inaccesibles, con lo que se ofrecen opciones de transporte rápidas y más económicas. Otras líneas aéreas de carácter privado sirven al país en condiciones similares a las que ofrece Tame. Por tanto, la aerolínea estatal debe liquidarse o venderse.

El Estado no tiene por qué ser empresario ni competir con la empresa privada, mucho menos a través de instituciones mal administradas que generan pérdidas porque, de cualquier forma, ese déficit se cubre con el dinero que debería estar dirigido a atender otras necesidades de los ciudadanos.

Más bien, debería enfocarse en entregar a sus ciudadanos los servicios que la Constitución y las leyes disponen, en forma eficiente y con calidad.