Espín, ex miembro del oficialista Alianza País (AP), ha sido acusada de violar el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que dispone que los asambleístas no podrán desempeñar ninguna otra función, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo.

“La asambleísta es acusada de incompatibilidad de funciones al visitar en un centro de rehabilitación social de Quito a Diana F. (Falcón), que es una testigo protegida”, indica un comunicado de la Asamblea.

>Caso. Falcón es una de las involucradas en el caso de secuestro en el 2012 del político Fernando Balda, que hoy llega a una fase crucial con la decisión de la jueza de si procesa o no al expresidente Rafael Correa.

Según el testimonio de Falcón, testigo protegida, Espín la visitó con una abogada para pedirle que cambiara su testimonio a cambio de protección y dinero.

Espín, que salió del país por temas legislativos, sostiene que sólo la visitó por razones humanitarias para verificar su situación.

En el segundo caso, el de la oficialista Norma Vallejo, una Comisión Multipartidista determinó que la legisladora incurrió en prohibiciones establecidas en la LOFL, por lo que también se recomienda su destitución.

A Vallejo se la acusa de haber “gestionado un cargo público” en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y de haber realizado “cobros indebidos a sus colaboradores”, un  diezmo que cobraba de los sueldos de sus asesores.