El reciente allanamiento de la Fiscalía a recintos militares en cinco provincias, y la detención de catorce personas, entre ellas siete uniformados en servicio activo, ha llenado de preocupación al país.

Según las autoridades, estas personas dotaban de municiones, que previamente eran dadas de baja por la intervención del sistema informático de los cuarteles, al grupo disidente Oliver Sinisterra, encabezado por Walter Arízala, alias “Guacho”, acusado de atentados en la frontera norte y de la muerte de ocho ecuatorianos.

En los meses recientes se detuvo a otros tres militares por cargos de narcotráfico. Uno de ellos era escolta presidencial. La droga se enviaba desde Colombia y se embarcaba en territorio ecuatoriano para ser llevada por vía marítima hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Son síntomas de un deterioro moral y ético que, si no se interviene a tiempo, puede llevar al incremento de la inseguridad en el país.

Las investigaciones deben profundizarse y, si es necesario, la intervención podría llegar a todos los repartos militares. Además, se requiere un inventario exhaustivo y la aplicación de medidas de supervisión más estrictas para evitar la fuga de materiales.

En cierta forma, el escaso control y la apertura en las fronteras ha permitido el ingreso indiscriminado de personas desde el extranjero, sin tomar en cuenta los antecedentes ni los motivos por los que entra al país.

Este fenómeno negativo debe cortarse desde sus bases, desde sus raíces. El país no puede entrar en una espiral de deterioro que amenaza a la paz interna y la seguridad de los ciudadanos.